IMPERIO

DENUNCIAN PERSECUSION PENAL

Por oponerse a proyectos de transnacionales

Por: Waldo Mérida

Huehuetenango.- Miembros de la asamblea departamental por la defensa de los recursos naturales expusieron que son victimas de una persecución legal y de amenazas debido al trabajo que realizan de protección al medio ambiente, y lo cual ha llevado a oponerse a varios proyectos de empresas nacionales y transnacionales.

Francisco Rocael Mateo integrante de esta asamblea así como del consejo de los pueblos de occidente dio a conocer que actualmente no existe ninguna ley que permita a empresas privadas apropiarse del agua y la tierra en el país, pero que el gobierno de Alvaro Colom lo esta permitiendo, ya que quieren imponer proyectos que afectarían directamente a los ríos de la región, y lo hace sin consultar a la población como lo establece el convenio 169 y código municipal.

Y además informa que el estado esta obligado hacer estudios de impacto ambiental antes, durante y después de cualquier proyecto que ponga en riesgo la vida de la naturaleza, pero tampoco lo han visto, por lo que han iniciado una lucha para salvar los recursos de Huehuetenango.

Como parte de ello ya realizaron en 28 municipios consultas comunitarias en donde han participado mas de medio millón de personas quienes se han manifestado en contra la explotación minera y construcción de hidroeléctricas en sus territorios.

“Hemos visto abusos de las empresas que quieren quitar de su camino a las y los defensores de los derechos colectivos y de los recursos naturales, acusándolos de delincuentes por protestar en contra de sus proyectos” indico Mateo.

Haciendo referencia a que su compañero Rubén Herrera esta siendo acusado en el ministerio publico de coacción y terrorismo, al igual que los comunitarios Rony Nicolás, Mauro Méndez, y Saúl Méndez por parte de la empresa española Hidro Santa Cruz que pretende instalar en las cataratas y Río Cambalan de la comunidad El paraje Poza Verde del municipio de Santa Cruz Barillas una hidroeléctrica.

Por lo que responsabilizan al gobierno de la republica y a las empresas correspondientes por el abuso que están haciendo de la justicia, y piden a los operadores de justicia que no se presten a manipulaciones, y hacen un llamado a las comunidades para apoyar a los defensores que están siendo acusados porque consideran que es injustamente.

Situaciones similares de persecución legal y política, y además de amenazas por parte de los trabajadores de las empresas transnacionales hacia los comunitarios, se denunciaron en Jacaltenango, Santa Eulalia, y Cuilco del departamento de Huehuetenango, así como San Miguel Ixtahuacan, Malacatan de San Marcos, y por ultimo en San Juan Sacatepequez.